De la veintena de proyectos tratados en la sesión de ayer, sólo uno no fue aprobado por la Legislatura: el que establecía “un cupo mínimo del 1% en el ingreso del personal de los tres poderes del Estado provincial para mujeres travestis, transexuales y transgénero con idoneidad para ocupar el cargo”. Y la decisión de la mayoría de que la iniciativa volviera a las comisiones para su revisión no sólo generó una tensa discusión entre los legisladores. “No estábamos pidiendo privilegios, sino que se cumpla con un derecho, que es el acceso al trabajo”, reclamó Maia Moyano, del Centro Educativo Trans, situado en Brígido Terán 320.

Cerca de las 11.30, el cuerpo legislativo puso en debate los proyectos de José María Canelada (UCR) y de Nancy Bulacio (PJ-Tucumán Crece), entre otros, en los que se proponía un porcentaje de ingreso mínimo de mujeres travestis y trans en todas las áreas y en todas las modalidades contractuales de la Administración Pública. En los palcos, Moyano y una treintena de compañeras esperaban la sanción de la norma, que ya tenía dictámenes de las comisiones de Derechos Humanos (a cargo del radical Fernando Valdez) y de Legislación Social (presidida por Bulacio). Sin embargo, el radical Raúl Albarracín pidió abrir la discusión y desató la polémica.

“Pondero la labor de ambas comisiones en la búsqueda de la inclusión y de la no discriminación. Pero el proyecto en cuestión colisiona con principios constitucionales, como es la igualdad de todos ante la ley, derivado a su vez del derecho a la libertad”, indicó Albarracín, citando el artículo 16 de la Constitución nacional. Y propuso que el texto pase a estudio de Asuntos Constitucionales. “Estaríamos sancionando una norma viciada de inconstitucionalidad, ya que se privilegiaría a una minoría, a un sector o a un colectivo por determinadas condiciones personales”, sostuvo el dirigente oriundo de Concepción Y su moción pasó a votación.

Los oficialistas -algunos de poca gana- y un sector de la oposición apoyaron la idea de Albarracín, que finalmente se impuso. Los radicales Valdez, Canelada, Adela Estofán y Eudoro Aráoz y la peronista Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) se pusieron de pie; a los gritos, objetaron al presidente subrogante de la Legislatura, el oficialista Julio Silman, por no haber dado lugar al debate del proyecto. “¡Nos vamos!”, exclamaron los opositores, mientras levantaban sus cosas de los pupitres. Fuera del recinto, ante la prensa, ratificaron su enojo.

“Con la complicidad de Albarracín, el PJ impidió el tratamiento de un proyecto que beneficiaba al colectivo trans, permitiéndoles una reinserción en la sociedad. Esto ha sido un nuevo golpe contra una minoría excluida”, afirmó Valdez, furioso con su aliado político en la Unión Cívica Radical. De hecho, acusó a Albarracín de “estar cegado por sus prejuicios sociales y religiosos”.

“Es una vergüenza que nuestra Legislatura discrimine a una minoría que había venido a buscar inclusión laboral. Con este criterio (de Albarracín), el cupo femenino también sería inconstitucional. Dejen de poner excusas; algunos son más papistas que el Papa”, objetó Córdoba. “Los que se llenan la boca de justicia social hoy dieron la espalda a muchos ciudadanos”, lanzó Aráoz. Canelada y Estofán exhortaron al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a que “haga cumplir el reglamento”, ya que se sintieron “vetados”. “El ‘vamos por todo’ es una amenaza latente”, indicaron los opositores. Albarracín, por su parte, afirmó que se sintió “increpado” por la reacción de sus colegas.

Mientras tanto, en el hall de la Cámara, integrantes de colectivos trans expresaban su bronca. “Me he sentido desilusionada por quienes nos representan. Estamos atrasados a nivel leyes”, afirmó Luciana Barraza. Moyano recordó que el proyecto del cupo laboral había surgido como propuesta luego del caso de Ayelén Gómez, una mujer trans asesinada semanas atrás en el parque 9 de Julio. “Me pregunto si estos legisladores quieren que nos sigan matando en la calle”, cuestionó.